Acorralado en su propia hecatombe, le llegó la hora de responder ante la justicia. No más cortinas de humo, no más boberías como esa del efecto teflón, no más periodistas lambones o mercenarios perfumando con sus campañas mediáticas las podridas emanaciones del Palacio de Nariño. Se agotaron los artificios que encubrían la portentosa ilegitimidad de las instituciones de Colombia. El Presidente Uribe debe renunciar.
Su gobierno es el más vergonzoso arquetipo de la ilegitimidad en todo el ámbito de las naciones latinoamericanas. Que renuncie para que responda ante las autoridades judiciales y la conciencia ética del país por sus actividades delictivas anteriores a la Presidencia y en el curso de ella.
Francisco Enrique Villalba Hernández, cabecilla paramilitar, preso en La Picota y testigo de excepción, acaba de acusar al Presidente Uribe de haber planificado, siendo gobernador de Antioquia, la terrible masacre de la población de El Aro, en 1997. La reunión de los “Doce Apóstoles” del paramilitarismo –los que daban el visto bueno para tales masacres-, tuvo lugar en La Caucana y en ella participaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, los generales del ejército: Ospina y Manosalva, el general de la policía Roso José Serrano y el capo narco paramilitar Salvatore Mancuso, entre otros. Las casas quemadas y humeantes de El Aro y los gemidos de los moribundos deben acribillarle la conciencia. ¡Que el solio presidencial se convierta en banquillo de los acusados!
El gobierno del señor Uribe está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, millones de desplazados y tierras despojadas…, sobre los peores crímenes de lesa humanidad. Sus dos campañas presidenciales fueron financiadas generosamente con los dólares de la cocaína del paramilitarismo. Entró por segunda vez en el Palacio de Nariño chalaneando sobre el fraude electoral organizado por el director del DAS y el jefe paramilitar Jorge 40.
Todo su entorno y la gran mayoría de sus capitanes políticos ya están tras las rejas o huyendo de la justicia acusados de paramilitarismo. La más reciente y espectacular de estas aprehensiones ha sido la del senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente en la sangre, en las campañas políticas y en el concierto para delinquir. Quiso escapar a la justicia solicitando asilo en la embajada de Costa Rica, olvidando el protuberante detalle que no era un perseguido político del Estado, sino el primo del jefe de Estado, el Presidente Uribe, quien ha expresado su dolor por esta detención. Ya está a buen recaudo y al paso que van las cosas alguien tendrá que presentar un Proyecto de Ley que convierta la prisión de La Picota, en sede alterna o sede principal del Congreso de esta pobre República.
Y están en la larga lista de espera de la Corte Suprema de Justicia la presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, otros “honorables padres de la patria”, Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General del paramilitarismo y embajador de Uribe en México, la ex ministra Sandra Suárez, el actual ministro de Hacienda, los altos mandos militares, algunos empresarios y ganaderos… Y por ahí hay un Vicepresidente de apellido Santos entre los fundadores del denominado Bloque Capital de los paramilitares, y otro Santos Ministro de Defensa que se reunía con el jefe paramilitar Carlos Castaño a conspirar para derrocar al gobierno del Presidente Samper. Y qué decir del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, que recibía directamente de su hermano los requerimientos de los sanguinarios y mafiosos paramilitares de la Costa… ¿Quién no recuerda al senador Uribe Vélez, como oferente en el salón rojo del Hotel Tequendama de un inusual desagravio al carnicero de Urabá, el general paramilitar Rito Alejo del Río? Y todavía tienen el descaro de decir que se trata de casos aislados y de responsabilidades individuales.
La ilegitimidad y la ilegalidad siempre ha sido el escenario natural de las acciones políticas del señor Uribe. Su segundo mandato consecutivo nació del delito de cohecho. Compraron el voto que necesitaban para torcerle el cuello a la Constitución que prohibía taxativamente la reelección presidencial en Colombia, dejando como huella imborrable del delito, un monumento faraónico a la ilegitimidad: el Acto Legislativo reformador de la Constitución que finalmente satisfizo su ambición.
Con este panorama de zozobra no es difícil entender que la incursión militar de tropas colombianas en el Ecuador con la consiguiente tensión internacional, las infundadas acusaciones del gobierno de Bogotá a los presidentes de Venezuela y Ecuador, la terca negativa al despeje militar de Pradera y Florida para el intercambio humanitario, o la misión médica francesa impulsada con timbales mediáticos, eran densas cortinas de humo y estratagemas para tapar la criminalidad y la inmoralidad de un gobierno que merece todo el desprecio de los colombianos y el aislamiento del mundo civilizado.
Un enronquecido grito social de indignación se está levantando desde abajo. El pueblo no quiere una solución de la crisis desde las alturas o surgida del consenso de las élites podridas que sólo buscan “borrón y cuenta nueva” para que todo siga igual bajo el imperio tiránico de la impunidad. Quiere revocatoria del ilegítimo Congreso. Nuevas elecciones. Renuncia del ilegítimo presidente. No quiere más reformas políticas cosméticas ni demagógicas. Cuando Uribe contrariando al pueblo, pide desde su incertidumbre el fortalecimiento de las instituciones, lo hace porque sabe que si llegare a caer el Congreso deberá caer también el cabecilla de la ilegitimidad que es el propio Presidente. Quiere la impunidad y por eso pide por interpuestas personas la creación de un súper tribunal que se ocupe de juzgar a los congresistas, a los magistrados de las cortes y al Presidente en un enrevesado intento de eludir su responsabilidad. “Impunidad para todos o para ninguno”. Que mueran Sansón y todos los filisteos, parece ser el chantaje de su consigna. Ahora está pidiendo respeto a la presunción de inocencia, pero nunca se acordó de este derecho universal cuando encarcelaba a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla en el marco ilegal de sus redadas fascistas.
Con el Manifiesto de las FARC y con la bandera programática de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia llamamos a las organizaciones populares del país, a las fuerzas que anhelan protagonizar los cambios, a un Gran Acuerdo Nacional orientado a la construcción de un nuevo gobierno verdaderamente democrático, cuya primera urgencia sea la paz con justicia social. Un nuevo gobierno que convoque al diálogo de paz con la guerrilla. Que una vez logrado el acuerdo con la insurgencia y la opinión del soberano, refrende dicho acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente que dote al país de una nueva Carta Política que le permita navegar hacia la Nueva Colombia, con la bandera política y social del Libertador, bien desplegada.
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